
Mientras sus aliados republicanos avanzaban en el Senado en un amplio proyecto de ley de gastos que podría aumentar las deportaciones, el presidente estadounidense, Donald … Trump, recorrió este martes la conocida como prisión ‘Caimán Alcatraz’, un remoto centro de detención de inmigrantes en el pantano de los Everglades de Florida.
La instalación se encuentra a 60 kilómetros de Miami, en el vasto humedal subtropical repleto de caimanes, cocodrilos y pitones, imágenes temibles que la Casa Blanca ha aprovechado para mostrar su determinación de purgar a los migrantes a los que, según dice, se les permitió permanecer en el país injustamente bajo la Administración del expresidente Joe Biden.
Trump elogió la rápida construcción de la instalación mientras observaba filas de docenas de literas vacías encerradas en jaulas y advirtió sobre las condiciones amenazantes que rodean la instalación. «Miré hacia afuera y ese no es un lugar al que quiera ir de excursión pronto», dijo Trump en una mesa redonda después de su gira. «Estamos rodeados por kilómetros de pantanos peligrosos y la única salida es la deportación».
Se estima que el complejo ubicado en el sur de Florida, en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade Collier, costará 450 millones de dólares anuales y podría albergar a unas 5.000 personas, estiman los funcionarios. El gobernador, Ron DeSantis, ha dicho que enviará un centenar de miembros de la Guardia Nacional allí y que la gente podría comenzar a llegar a las instalaciones este mismo miércoles.
Para promocionar la apertura del lugar, funcionarios estadounidenses publicaron en redes sociales imágenes de caimanes con gorras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Partido Republicano de Florida vende ropa y fundas para latas de cerveza con temática de caimanes.
Trump quien reside en Florida, ha hecho de las políticas fronterizas de línea dura un elemento central de su agenda política durante una década. Uno de cada ocho votantes en las elecciones de 2024 afirmó que la inmigración era el tema más importante. Pero las promesas de campaña de deportar hasta un millón de personas por año se han topado con protestas de las comunidades afectadas, desafíos legales, demandas de los empleadores de mano de obra barata y una crisis de financiación para un gobierno que padece déficits crónicos.