El asesinato de un tiktoker venezolano durante una transmisión en vivo evidencia los peligros que enfrentan quienes denuncian personalmente el crimen organizado. Sin embargo, es poco probable que este caso desencadene una ola de violencia selectiva contra otros ciudadanos.
Gabriel Sarmiento fue asesinado el 22 de junio mientras transmitía en redes sociales desde su casa en Maracay, en el estado Aragua. Había publicado de forma prolífica sobre la presencia del Tren de Aragua —la banda más temida del país— en el estado, así como sobre los vínculos entre policías y grupos criminales. Incluso llegó a nombrar y difundir fotografías de presuntos miembros de la banda.
Funcionarios del gobierno venezolano han insistido en que el Tren de Aragua ya fue expulsado del país. El canciller Yván Gil llegó a calificarlo como una “ficción creada por la mediática internacional”.
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El fiscal general, Tarek William Saab, reconoció que Sarmiento había denunciado amenazas por parte de criminales y funcionarios policiales. No obstante, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la policía había detenido a una persona presuntamente vinculada al crimen y que los responsables ya habían sido identificados, pero insistió en que no pertenecen a la fuerza policial.
El caso recuerda el de Luidig Ochoa, alias “Cara e’ muerto”, un antiguo recluso de la cárcel de Tocorón que se convirtió en un reconocido youtuber. Fue asesinado en Maracay en 2014, luego de crear una serie de videos sobre las condiciones y la corrupción dentro del penal, que más tarde se convertiría en el centro de operaciones del Tren de Aragua.
El gobierno venezolano ha atacado tanto a figuras de la prensa que lo critican directamente como a quienes publican información que contradice su versión distorsionada sobre el crimen organizado en el país. Según la organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad, 16 periodistas están actualmente en prisión por cargos que van desde incitación al odio hasta terrorismo. Como resultado, la cobertura del crimen organizado y la corrupción por parte de los medios tradicionales suele limitarse a reproducir comunicados oficiales.
Ante la ausencia de una cobertura crítica, algunos venezolanos como Sarmiento han optado por denunciar el crimen y la corrupción a través de redes sociales. Sarmiento era un caso atípico, pues hacía estas denuncias desde el país y mostrando públicamente su identidad. Muchas otras personas lo hacen desde el exterior mediante sus propias cuentas, o envían información a cuentas anónimas en redes sociales y aplicaciones de mensajería como Telegram, que se han convertido en espacios para publicar información de forma anónima.
Análisis de InSight Crime
Por más que el asesinato de Sarmiento haya captado la atención del país, es poco probable que marque el inicio de una tendencia de asesinatos contra quienes reportan sobre el crimen organizado en Venezuela.
Quienquiera que haya ordenado su asesinato solo ha logrado amplificar el alcance de sus videos. Y el hecho de que el fiscal general reconociera el caso implica que habrá presión para lograr detenciones, aunque es poco probable que las autoridades hagan un esfuerzo serio por atacar el tipo de corrupción institucional que Sarmiento denunciaba.
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La impunidad probablemente seguirá siendo la norma para muchas estructuras criminales en Venezuela, donde la corrupción es generalizada y el crimen organizado tiene cada vez más vínculos con el Estado.
A medida que la corrupción y las restricciones a los medios tradicionales obligan a quienes buscan denunciar a las bandas criminales a hacerlo en línea, este último asesinato es un recordatorio contundente del riesgo que implica hacerlo personalmente desde dentro de Venezuela. Esto podría aumentar la popularidad de las cuentas anónimas, en lugar de acallarlas.
Imagen principal: Gabriel Sarmiento transmitiendo en vivo por TikTok. Crédito: Gabriel Sarmiento.
